Quién es Luisa Ortega, la fiscal chavista que acusó al gobierno de Venezuela de delitos de lesa humanidad y que ahora ha huido a Colombia

Su tono de crítica y sus acusaciones fueron creciendo semana tras semanas y su paulatino distanciamiento con el oficialismo en Venezuela se convirtió en una abierta confrontación.

Luisa Ortega Díaz fue nombrada fiscal general de ese país sudamericano en 2007 por una Asamblea Nacional controlada por una mayoría chavista.

Una década más tarde, fue despojada de su cargo por una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) también chavista cuyos miembros la acusan de traición.

A Ortega la destituyó la ANC a comienzos de agosto, en su primera sesión de trabajo, y este viernes llegó a Colombia huyendo de lo que ha calificado como "persecución sistemática" del gobierno en su contra.

Chavismo crítico

Desde finales de marzo, Ortega se había convertido en la principal voz crítica contra el gobierno desde el Estado y sobre todo, desde el chavismo crítico.

Su disidencia y la de otros chavistas es quizás el argumento más poderoso y novedoso en la confrontación entre gobierno y oposición que tiene al país en crisis desde hace cuatro meses en los que han muerto más de 120 personas.

Ortega, en el cargo desde 2007 y autoproclamada fiel chavista, alertó de la ruptura del orden constitucional cuando dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) arrebató poderes al Parlamento a finales de marzo.

Desde entonces, sus denuncias no cesaron. Acusó de violaciones de derechos humanos, condenó y no reconoció la Asamblea Constituyente que ahora la destituye y acusó al gobierno de una "ambición dictatorial".

"Estamos ante un delito de lesa humanidad que se ha venido cometiendo de manera sistemática y sostenida desde la convocatoria de la Constituyente presidencial", aseguró Ortega tras ser destituida.

Antes había denunciado la existencia de "terrorismo de Estado" y se declaró dispuesta a dar la vida para defender la Constitución que la Constituyente va a reformar.

Esta postura ha convertido a Ortega en la más destacada de las voces que critican a Maduro desde el propio chavismo.

En este proceso de choque institucional, el Tribunal Supremo de Justicia -denunciado como "ilegítimo" por Ortega- ordenó el congelamiento de sus cuentas bancarias y le prohibió la salida del país "por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo".

Poco antes, el mismo tribunal también había emitido dos polémicas sentencias aparentemente destinadas a minar el poder de la fiscalía y preparar el camino para una eventual destitución de Ortega, que ya se produjo.

Una situación que muy pocos seguramente imaginaban cuando, al liderar la acción penal contra el líder opositor Leopoldo López, que derivó en su arresto, Ortega se confirmó como una leal seguidora de Hugo Chávez, a quien todavía acostumbra citar.

"Chavismo crítico"

Por lo pronto, la exfiscal, de 59 años, se ha convertido en una suerte de ídolo de la oposición, que desde abril celebra manifestaciones en contra del presidente Nicolás Maduro, al que acusan de una deriva autoritaria.

En ese tiempo se han registrado más de 120 muertos y la fiscal fue la primera en suministrar cifras oficiales contradiciendo el discurso del gobierno en medio del actual escenario de confrontación.

Ortega llegó al puesto de fiscal con el aval de Hugo Chávez en 2007 y vivió el funeral del fallecido presidente en 2013 desde primera fila.

"Estuvo muy comprometida con el presidente Chávez. Por su formación de izquierdas nadie desde el gobierno puede juzgarle como una traidora ni decir que está pagada por la CIA", le dijo en mayo a BBC Mundo el politólogo Nícmer Evans, también crítico con el gobierno desde la izquierda.

Y, según Evans, su giro no responde a un viraje ideológico, pues se trata de una persona de firme convicción de izquierdas y defensora de la Constitución de 1999, cuyo esposo es un diputado oficialista leal al proceso revolucionario aunque ahora sea disidente ante el gobierno de Maduro.

"Es una combinación de activista política y mujer de leyes", explicó Evans, quien conoce a la fiscal y también formó parte del gobierno de Chávez.

"Una válvula de escape"

"Es una posición muy valiente y demuestra su nivel de compromiso con el país, con la Constitución, y permite generar un debate y una válvula de escape", le dijo en su momento a BBC Mundo Olly Millán, quien fue ministra de Economía Popular con Chávez y ahora es crítica con el gobierno.

En ese entonces Millán se refería a las declaraciones de finales de marzo en las que Ortega calificó de "ruptura del orden constitucional" dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que suprimían poderes al Parlamento, controlado por la oposición.

Poco después las dos sentencias, que fueron el detonante de la actual ola de protestas, se rectificaron parcialmente.

Pero el momento marcó un antes y un después en la relación entre Ortega y el gobierno.

Y, en esa misma conferencia, la fiscal aseguró que el Ministerio Público había constatado una tasa de 70,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir, 21.752 homicidios intencionales o dolosos, confirmando así uno de los grandes problemas de Venezuela: la violencia.

Meses antes había criticado las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), el plan de seguridad del Estado contra el crimen que ha generado denuncias de asesinatos extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad.

Pero Ortega no se quedó allí. En una poco habitual entrevista con el diario estadounidense The Wall Street Journal calificó la Constitución actual como "insuperable" y en medio del enfrentamiento entre gobierno y oposición, afirmó: "No podemos pedir un comportamiento legal y pacífico a los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no están de acuerdo a la ley".

También mostró su "preocupación" por que haya civiles que estén siendo juzgados por tribunales militares.

En una carta al presidente de la comisión presidencial para la Asamblea Constituyente mostró su desacuerdo con esta y su lealtad a la actual Carta Magna.

"Para resolver la crisis indudable y sin precedentes que atraviesa el país, no es necesario, pertinente ni conveniente llevar a cabo una transformación del Estado en los términos que podría suponer una nueva Constitución", escribió.

Y por esos días también admitió la existencia de un profundo descontento por culpa de la escasez de productos básicos, algo que no ha reconocido el gobierno pese a la grave crisis económica que sufre el país.

"Represión"

En la conferencia ofrecida en marzo, con el simple gesto de leer las instrucciones de una bomba lacrimógena, Ortega también dejó claro que las fuerzas del orden no las pueden usar para disparar directamente sobre manifestantes, tal y como ha denunciado la oposición.

En esa oportunidad, usó la palabra "represión", criticada por el gobierno, y anunció que la investigación sobre la muerte del joven manifestante Juan Pernalete confirmó que la causa del deceso fue el impacto de una bomba lacrimógena.

El gobierno defiende la tesis de que murió por el disparo de una pistola de perno por parte de otros manifestantes, algo que supuestamente quedaba claro en un video mostrado a los medios.

El 28 de junio Ortega fue mucho más allá al denunciar "un terrorismo de Estado" por parte de la actual administración.

"Yo lo que creo es que tenemos un terrorismo de Estado donde se perdió el derecho a manifestar, donde son reprimidas cruelmente las manifestaciones, donde se enjuicia a civiles en justicia militar", declaró.

"Se han producido sentencias del TSJ que además de romper el orden constitucional, ya muy maltratado, le entregan la investigación de los derechos humanos posiblemente a quienes violen los derechos humanos", dijo de la decisión judicial que le dio a la Defensoría del Pueblo la posibilidad de hacer investigaciones penales, hasta entonces monopolio del Ministerio Público.

Ahora, tras la instalación de la Constituyente, justamente ha sido el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, quien la ha sustituido en el cargo.

"Cayó en las redes de los antirrevolucionarios"

En un inicio, los miembros más altos del gobierno prefirieron eludir una crítica formal, pero poco a poco comenzó el ataque.

Comenzó el ministro del Interior, Néstor Reverol. "No ha garantizado la aplicación de la justicia", denunció ya a finales de mayo, citando como ejemplo la liberación de unos implicados en el ataque a un domicilio en Mérida, en el oeste del país.

El oficialismo la culpó de permitir con su supuesta inacción la violencia de las marchas de la oposición.

"Lo que profundiza la crisis política son posiciones como la de ella", dijo su mentor y antecesor como fiscal general, Isaías Rodríguez en una entrevista con la televisión estatal.

"Le tengo mucho afecto, pero cayó en las redes de los antirrevolucionarios", aseguró Rodríguez. "La fiscalía está ardiendo por dentro. La fiscalía no es una institución para jugar a la candelita", dijo el exfiscal y exvicepresidente.

Diosdado Cabello, uno de los pesos pesados del oficialismo, estableció una cuenta atrás en su programa de televisión en la que se descontaban los días que le quedaban en el cargo. Estaba seguro de que sería destituida por la Constituyente en cuanto se instalara.

Posteriormente, fue el mismo Cabello quien pidió tomar esa decisión a la ANC, que aprobó por unanimidad la remoción de Ortega de su puesto en el Ministerio Público.

El 16 de junio, el diputado oficialista Pedro Carreño pidió al Tribunal Supremo iniciar el proceso de remoción de la fiscal general, por "la comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo".

Poco antes, Carreño también le había solicitado al TSJ una evaluación del estado mental de Ortega, a la que acusó de "no estar en sus cabales".

Esperanza para la oposición

Con el tiempo, conforme crecieron las acusaciones de Ortega y los ataques del gobierno, hasta que esta misma semana su sucesor en el cargo designado por la ANC, el ex defensor del Pueblo Tarek William Saab, la responsabilizó por las más de 100 muertes ocurridas durante la ola de protestas antigubernamentales iniciada en abril.

Saab también acusó al esposo de Ortega, el diputado oficialista Germán Ferrer, de encabezar una trama de sobornos en la Fiscalía por lo que pidió a la ANC despojarlo de su inmunidad parlamentaria y ordenó su detención.

Ortega atribuye esas acusaciones a intentos del gobierno del presidente Nicolás Maduro de detener las investigaciones que realizaba la Fiscalía acerca del caso de sobornos millonarios realizados por la empresa Odebrecht.

La constructora brasileña afirmó que había sobornado con millones de dólares a diferentes gobiernos de la región, incluido US$98 millones al de Venezuela y a sus intermediarios para conseguir contratos de obras públicas en el país.

Según han ido creciendo las acusaciones de quienes fueran sus aliados, el perfil político de Ortega también fue creciendo.

La oposición jaleó su postura institucional e independiente del resto de los poderes del Estados, todos afines al oficialismo excepto el Parlamento, al que acudió dándole así la legitimidad que el Tribunal Supremo le niega.

Ortega, sin embargo, no siempre fue objeto de devoción por parte de la oposición.

Ella estaba al mando de la fiscalía que lideró las controvertidas acusaciones en 2014 -tras una oleada de fuertes protestas- contra estudiantes y contra el líder opositor Leopoldo López, condenado a 14 años de prisión por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio intencional y asociación para delinquir.

Ahora se convierte para la oposición en una "víctima" del gobierno como lo es López. Pero Ortega, consciente de que su destitución era un hecho y que ahora deberá responder ante la justicia penal, prometió seguir luchando.

"Si se cumplen las amenazas (de destitución), estoy evaluando acudir a instancias internacionales, porque los delitos de lesa humanidad los pueden conocer los organismos internacionales con todo el cúmulo de pruebas para garantizar sanciones a los responsables", dijo.

Ahora, su lucha continuará. Pero fuera de la Fiscalía y, al parecer, también fuera de Venezuela.

(*) Este artículo fue publicado originalmente el 25 de mayo de 2017 y actualizado el 18 de agosto para incluir los últimos detalles.