La dificultad de apresar a Gadafi

Muamar Gadafi se ha convertido en el segundo jefe de estado en funciones en ser acusado de crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional, CPI. Hacer que se presente ante ella puede ser algo más complejo.

Cuando este lunes el fiscal jefe de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo, inculpó al líder libio por su responsabilidad en los “ataques sistemáticos y generalizados” contra la población civil, lo puso en la lista que en 2008 estrenó el presidente de Sudán, Omar al-Bashir, en su caso por el genocidio y limpieza étnica en la región de Darfur.

Con dos prominentes nombres en la lista, para Moreno ahora el desafío radica en cómo hacer cumplir las decisiones de su oficina.

Al igual que en el caso de Sudán, el gobierno de Libia no va a entregar a Gadafi y sus coacusados, su hijo Saif al-Islam, y el jefe de inteligencia, Abdullah al-Sanussi, para ser procesados por un tribunal que consideran cuestionable.

Aunque todavía los magistrados deben decidir si emiten órdenes de captura contra los imputados, la actitud libia presagia para Moreno dificultades similares para concretarlas como las que ha tenido con el jefe de estado sudanés.

Concretar el arresto

Antes de que la acusación contra Gadafi por crímenes contra la humanidad se hiciera pública, el gobierno libio dijo que no daría ningún tipo de atención a una decisión de una Corte cuya jurisdicción no reconoce.

Libia no ha firmado el Estatuto de Roma que creó a la CPI, una actitud en las que lo acompañan EE.UU., Rusia, China, Cuba y otros países que tienen gran desconfianza por la supuesta extralimitación en las que temen que podría incurrir.

En el caso de Omar al-Bashir, el presidente sudanés ha viajado a Egipto, Nigeria, Kenia y Djibouti, sin que las autoridades de esos países hayan creído conveniente cumplir con la orden de captura que tiene pendiente.

Para el gobierno libio, la actuación del fiscal Moreno es parte de un libreto que le daría a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) una justificación para incluir a Gadafi en los bombardeos que autorizó Naciones Unidas con el fin de proteger a la población civil.

La OTAN niega que el líder libio esté entre sus objetivos militares, aunque hace unos días atacó un centro de comando en el que estaba Gadafi y su familia. Uno de sus hijos resultó muerto.

Salida diplomática

Pero independientemente de las intenciones de los aliados, las órdenes de arresto podrían complicar una salida diplomática a la crisis libia, donde el estancamiento en la dinámica militar impide que los rebeldes o el gobierno logren imponerse sobre el otro.

En esas gestiones parecen estar algunos, según dio a entender el canciller de Italia, Franco Frattini, en una entrevista con una televisora italiana RAI.

“Obviamente estamos trabajando con Naciones Unidas en la búsqueda de exactamente esta salida (…) política que sirva para remover al dictador y su familia de la escena y permita la creación inmediata de un gobierno de reconciliación nacional", afirmó Fratini.

Como la investigación la inició el CPI a pedido del Consejo de Seguridad de la ONU, todos los estados miembros estarían obligados a arrestar a Gadafi y los otros inculpados si pasaran por sus territorios.

“Algunos temen que esto vaya a complicar los esfuerzos para terminar con la violencia, haciendo más difícil negociar un acuerdo si los potenciales interlocutores temen enfrentar un futuro proceso”, afirma el corresponsal de BBC en Trípoli, Andrew North.

Un problema adicional que podría enfrentar la Corte tiene que ver con su imagen y la percepción expresada por algunos de que sus investigaciones son selectivas.

Cuando en 2008 se acusó de genocidio a Al-Bashir, Gadafi, entonces jefe de la Unión Africana, dijo que se trataba de una forma de neocolonialismo y de terrorismo.

Este lunes el vicecanciller libio Khaled Kaim ratificó la opinión oficial de que la CPI es “hijo de la Unión Europea para perseguir a líderes y políticos africanos”.

Sin necesariamente compartir la posición de Trípoli, algunos se preguntan por qué no se han hecho investigaciones similares en Egipto, Siria, Bahrein, Yemen o Túnez, donde también se ha ejercido una fuerte represión contra manifestantes antigubernamentales.

Cuando este lunes se le hizo esa pregunta, el fiscal Moreno explicó que en ninguno de esos casos el Consejo de Seguridad había solicitado su intervención.