El gobierno de Guatemala ordena la expulsión de la Cicig

El gobierno de Guatemala decidió adelantar el fin del acuerdo con Naciones Unidas para la permanencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y le dio a sus funcionarios un plazo de 24 horas para abandonar el país.

La decisión se la comunicó este lunes al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel.

Guterres, sin embargo, rechazó "enérgicamente" la decisión de las autoridades guatemaltecas e invocó el artículo 12 del acuerdo de creación de la Comisión que establece que "toda controversia entre las partes (...) se resolverá por negociación entre las partes o por cualquier otro medio de solución mutuamente convenido".

"El mandato de la Comisión finalizará el 3 de septiembre del 2019. Hasta esa fecha, esperamos que el Gobierno de Guatemala cumpla integralmente con sus obligaciones legales en virtud del Acuerdo", se lee en un comunicado publicado por su oficina.

En sus once años de operación, la Cicig cooperó con el Ministerio Público en desactivar algunas de las mayores redes de corrupción en el país.

Algunas de sus investigaciones, por ejemplo, terminaron en el encarcelamiento y juicio al expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Y, más recientemente, la Comisión también había iniciado una investigación por financiamiento ilícito de la campaña del presidente Jimmy Morales.

El mandatario, sin embargo, acusó al organismo de violar leyes internas y convenios internacionales, especialmente en el período del último comisionado, el colombiano Iván Velásquez Gómez.

“Puso en riesgo el orden público, la gobernabilidad y la soberanía del Estado de Guatemala”, dijo Morales.

El mandatario también dijo que los casos que inició la Cicig “deberán seguir su curso a instancias de la autoridad competente en Guatemala”.

Pero la continuidad de la Comisión en el país ha sido respaldada por la Corte de Constitucionalidad (CC), por lo que varios analistas ya han advertido que la misma podría proceder en contra de Morales.

En la pugna, el Ministerio Público y la Procuraduría de Derechos Humanos también se han puesto del lado de la Cicig.

Desencuentros

De hecho, la cancelación del convenio con la ONU ocurre después que el fin de semana pasado Yilen Osorio, investigador de la Cicig, fue retenido 25 horas en el aeropuerto Internacional de La Aurora, en la capital de Guatemala.

Según la canciller el funcionario no tenía autorización para entrar a territorio guatemalteco.

Pero la Corte de Constitucionalidad (CC), que ya había declarado ilegal la suspensión de las visas de los funcionarios de la Cicig, ordenó que se permitiera el ingreso de Osorio, algo que cuestionó Jimmy Morales.

Según el mandatario ésa no es una función de la CC. “No hagan política”, les dijo a los magistrados.

En el evento donde el presidente anunció la cancelación del convenio sobre la Cicig participaron familiares de personas encarceladas por investigaciones de la Comisión y el MP.

Por ejemplo, dos hijos del exministro de Gobernación Carlos Vielmann, detenido en octubre pasado.

Los familiares dijeron que el proceso es irregular y aseguraron los investigadores de la Comisión pactaron con presuntos delincuentes para que testificaran contra el exfuncionario.

“Funcionarios de la Cicig violaron los derechos humanos de ciudadanos guatemaltecos y extranjeros residentes en el país”, dijo también Morales.

“La más grande impunidad en Guatemala será que el Ministerio Público no investigue estos casos y que la comunidad internacional en Guatemala siga en silencio”, agregó.

Pero personalidades como la ex fiscal general Thelma Aldana, y el Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, insisten en que es Morales quien está violentando el Estado de derecho.

"El presidente de Guatemala ha optado por destruir el Estado de derecho para salvarse a sí mismo", dijo también en un comunicado la congresista estadounidense de origen guatemalteco Sandra Torres.

“Silencio y pasividad”

Desde agosto pasado Jimmy Morales anunció que no renovaría el convenio con la ONU sobre la Cicig, que terminaría en septiembre próximo.

Luego en octubre el Ministerio de Relaciones Exteriores canceló las visas y la inmunidad para once investigadores de la Comisión y dos de sus familiares.

Pero la Corte de Constitucionalidad ordenó a la Cancillería revocar la medida y otorgar visas de cortesía a los funcionarios, quienes se encontraban de vacaciones.

La siguiente medida fue impedir el ingreso al país de Iván Velásquez, declarado por el gobierno de Morales como persona non grata.

Según el mandatario guatemalteco, el comisionado se excedió en sus funciones.

La CC ordenó cancelar esa determinación, aunque Velásquez no ha regresado a Guatemala y mantiene la coordinación de la Cicig desde el extranjero.

Morales solicitó al secretario general de la ONU que designara a un nuevo comisionado, pero Antonio Guterres ratificó el apoyo al jurista colombiano.

Y, según el presidente guatemalteceo, ésta es una de las razones por las que decidió cancelar el convenio con Naciones Unidas.

“El silencio, pasividad y negativa para buscar soluciones generaron incertidumbre nacional sobre el actuar de la Cicig”, denunció Morales.

Aunque, según Guterres, "Naciones Unidas ha estado intercambiando de manera constructiva con el Gobierno de Guatemala, a varios niveles, durante los últimos dieciséis meses, conforme al Artículo 12 del Acuerdo de creación de la CICIG.

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