Crisis en Ecuador: el gobierno de Lenín Moreno deroga el decreto que eliminaba el subsidio a los combustibles y se anuncia el fin de las protestas

El gobierno de Ecuador accedió este domingo a derogar el decreto que eliminaba el subsidio a los combustibles y por el cual se había generado una gran ola de protestas en el país.

La medida fue acordada en el marco del diálogo realizado entre el Ejecutivo que preside Lenín Moreno y los movimientos indígenas.

"Como resultado del diálogo se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883, para lo cual se instala una comisión que elaborará este nuevo decreto", anunció el coordinador de las Naciones Unidas en Ecuador, Arnaud Peral.

La decisión del presidente Lenín Moreno tiene como contrapartida la suspensión por parte de los movimientos indígenas de las protestas que mantenían en el país desde hace casi dos semanas.

El mandatario propuso a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) la conformación de una comisión que trabajará en la elaboración de una nueva norma para sustituir el texto derogado.

"Con este acuerdo se terminan las movilizaciones y medidas de hecho en todo en Ecuador. Y nos comprometemos de manera conjunta a restablecer la paz en el país", señala el texto del comunicado conjunto.

El acuerdo fue alcanzado en una mesa de diálogo instalada en las afueras de Quito y con la mediación de la ONU y de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Moreno indicó que el decreto 883 será sustituido "por uno nuevo que contenga mecanismos para focalizar los recursos en quienes más los necesitan".

Del "paquetazo" al acuerdo

La ola de protestas que ha sacudido Ecuador desde inicios de este mes tuvo su origen en un conjunto de medidas económicas adoptadas por el gobierno de Moreno.

Entre estas, más allá de la eliminación del subsidio a los combustibles, destacan una baja de salarios de hasta un 20% en contratos temporales del sector público, así como la reducción de vacaciones de 30 a 15 días para empleados públicos y un aporte de 1 día de salario mensual, entre otras.

El gobierno esgrimió como justificación para estas medidas las necesidad de equilibrar las finanzas del país.

El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, dijo que esos ajustes respondían al acuerdo que alcanzó en febrero el gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), gracias al cual el país obtuvo acceso a créditos por US$4.209 millones en tres años, de los cuales US$900 millones ya fueron entregados.

Sobre la medida más polémica, la eliminación del subsidio a los combustibles, Moreno dijo que "ha beneficiado durante décadas principalmente a los que no lo necesitaban y a los que viven del contrabando".

Ecuador destinaba más de US$1.300 millones al año a subsidios al diésel y a la gasolina extra.

La respuesta no se hizo esperar y en las principales ciudades del país se iniciaron una serie de movilizaciones lideradas por el sector del transporte, estudiantes e indígenas.

Con los días, los choques entre manifestantes y fuerzas del orden crecieron en intensidad, hasta el punto de que Moreno decretó el estado de excepción e incluso llegó a mudar la sede del Ejecutivo de Quito a Guayaquil ante la llegada de una masiva movilización indígena que se dirigía a la capital.

Durante la ola de protestas perdieron la vida al menos cinco personas y hubo importantes daños materiales y pérdidas económicas, ocasionadas entre otros motivos por los cortes de carreteras que afectaron el comercio.

Moreno denunció que detrás de las protestas había un intento de desestabilización de su gobierno impulsada por el exmandatario Rafael Correa y por el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Correa, quien hasta 2017 había compartido trinchera política con Moreno, negó las acusaciones en su contra y llamó al actual mandatario a convocar elecciones anticipadas.

Con la mediación de la ONU y de la Conferencia Episcopal se logró realizar este domingo una mesa de diálogo entre el Ejecutivo y los movimientos indígenas agrupados en CONAIE, los cuales en los últimos días habían asumido el liderazgo de las protestas en contra del gobierno.

Durante la primera parte de la reunión -que fue televisada-, los representantes indígenas dejaron claro que su objetivo en la reunión era lograr la derogación del decreto 883.

Por su parte, Moreno se mostró dispuesto a flexibilizar la medida y a corregir lo que hiciera falta pero haciendo hincapié en la importancia de lograr que los recursos del país estuvieran destinados a quienes realmente los necesitan y no a las clases más favorecidas.

Los participantes en la reunión se tomaron una pausa que se extendió durante unas dos horas para analizar la situación, tras lo cual se anunció el acuerdo que deroga el decreto 883 y pone fin a las protestas.

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